35 años de Constitución
La Constitución de 1978 cumple el viernes 35 años.
La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España,[2] en vigor desde el 29 de diciembre de 1978.[3]
La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior Jefe del Estado, el general y dictador Francisco Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen franquista en un Estado Social y Democrático de Derecho, bajo la forma política de Monarquía Parlamentaria.[4]
Su título preliminar proclama un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.[5] Asimismo, se afianza el principio de soberanía popular,[6] y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno.[7]
La Constitución establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas,[8] rigiendo entre ellos el principio de solidaridad.[9] [10] Tras el proceso de formación del Estado de las Autonomías, las comunidades autónomas gozan de una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado autonómico.[11] Las entidades locales, como los municipios y las provincias, gozan de una autonomía de naturaleza administrativa, cuyas instituciones actúan en conformidad con criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por el Estado y las comunidades autónomas.[12]
El rey es el Jefe del Estado, figura que desempeña funciones de naturaleza eminentemente simbólica y que carece de poder efectivo de decisión.[13] Sus actos tienen una naturaleza reglada, cuya validez depende del refrendo de la autoridad competente que, según el caso, es el presidente del Gobierno, el presidente del Congreso de los Diputados, o un ministro.[14]
La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es establecida implícitamente por el texto constitucional.[15] En la base, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal (varones y mujeres, mayores de 18 años),[16] de los representantes del pueblo soberano en las Cortes, configuradas a modo de un bicameralismo atenuado, integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas Cámaras comparten el poder legislativo, si bien existe una preponderancia del Congreso de los Diputados, que además es el responsable exclusivo de la investidura del presidente del Gobierno, y su eventual cese por moción de censura o cuestión de confianza. No obstante, tanto el Congreso como el Senado ejercen una tarea de control político sobre el Gobierno mediante las preguntas e interpelaciones parlamentarias.
El Gobierno, cuyo presidente es investido por el Congreso de los Diputados, dirige el poder ejecutivo, incluyendo la Administración Pública. Los miembros del Gobierno son designados por el presidente, y junto a él, componen el Consejo de Ministros, órgano colegiado que ocupa la cúspide del poder ejecutivo.
El Gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el Congreso de los Diputados,[17] que, dado el caso, puede destituirlo en bloque mediante una moción de censura, que necesariamente debe incluir un candidato alternativo que será inmediatamente investido presidente del Gobierno.
El poder judicial recae en los jueces y en el Consejo General del Poder Judicial como su máximo órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la Carta Magna.
A quienes piensan que la Carta Magna necesita una reforma para adaptarla a los nuevos tiempos se ha unido este año con fuerza el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, que cree que ha llegado la hora de emprender el camino hacia un modelo federal.
Esa es la receta de los socialistas para solucionar el problema abierto por el desafío soberanista de Cataluña y para blindar en la Constitución los derechos sociales básicos como la educación o la sanidad que se han visto afectados por las consecuencias de la crisis económica.
A ese fin se orienta también la última propuesta de la Izquierda Plural que, como el PSOE, ha planteado una reforma del artículo 135 de la Constitución -el mismo que cambiaron en agosto de 2011 socialistas y populares- para dar "prioridad absoluta" a la cobertura universal de los servicios públicos por encima de cualquier otro gasto.
En cualquier caso, el PSOE aboga por una reforma "limitada" mientras que Izquierda Unida reclama "un proceso constituyente" en el que se "pueda optar entre Monarquía y República", en palabras de su portavoz en el Congreso, José Luis Centella.
UPyD, el partido de Rosa Díez, también defiende una reforma hacia el modelo de Estado federal, en el que queden salvaguardados los derechos fundamentales, como la educación o la sanidad, y que al tiempo garantice la unidad sin excluir la diversidad.
La propia Rosa Díez ha sido clara al reconocer que la Constitución "necesita retoques" y hay que afrontar su proceso de renovación "sin miedo".
Los nacionalistas están de acuerdo en que la Constitución se ha quedado "obsoleta", como ya ha dicho el portavoz del PNV Aitor Esteban.
Desde CiU recuerdan además que en estos momentos hay un "grave contencioso" entre España y Cataluña, y que "determinadas lecturas" que se hacen de la Constitución no ayudan a afrontar el problema.
En el ámbito territorial, la modificación del Título VIII de la Constitución sobre la organización del Estado no es una petición nueva. Ese fue uno de los puntos que propuso modificar el Consejo de Estado en el informe que en 2004 le encargó el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre la reforma de la ley de leyes.
Casi diez años después las propuestas del Consejo de Estado, que planteaba también abordar la definición de las comunidades autónomas, la reforma del Senado, la sucesión a la Corona o la Constitución Europea, siguen sin ver la luz, principalmente por la ausencia de ese consenso político.
Mas de tres décadas después de su nacimiento, la Constitución de 1978 se mantiene prácticamente intacta y sólo se ha modificado en dos ocasiones para introducir cambios limitados.
La primera fue mínima y se efectuó en agosto de 1992 por iniciativa parlamentaria para acomodar la legislación española al Tratado de Maastrich y permitir que los ciudadanos de la UE residentes en España pudieran ser elegidos alcaldes y concejales.
El cambió afectó al artículo 13.2 sobre el voto de los extranjeros, al que sólo se añadieron dos palabras, "y pasivo", al referirse al derecho de sufragio en las elecciones municipales.
La segunda reforma, destinada a garantizar la estabilidad presupuestaria, llegó en agosto de 2011, en la etapa más dura de la crisis económica.
PSOE y PP registraron en el Congreso esta proposición de reforma de la Constitución que tocó exclusivamente el artículo 135 y que, según ha desvelado estos días el propio Zapatero, evitó el peligro de que España se viera intervenida y forzada a formar un gobierno técnico.
En cualquier caso, ambas reformas se acometieron ante una presión exterior y en ausencia del consenso mayoritario entre las fuerzas políticas que estuvo presente en la Transición.
Mas bien al contrario. El PP se mantiene ahora firme en su postura y considera innecesaria una reforma de la Constitución "para no saber a dónde se quiere ir".
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alertado de que plantear una reforma, como la que propugnan los socialistas, para "dar satisfacción" a los nacionalistas sería un "enorme error", que él no va a cometer.
Una advertencia que sitúa en un horizonte lejano un acuerdo entre los partidos políticos que lleve a un cambio del modelo de Estado, lo que puede provocar que la reclamada reforma constitucional siga en espera unos cuantos años más.
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