La cárcel de Carabanchel comenzará a derruirse el próximo octubre

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El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han firmado esta mañana un protocolo de intenciones para el desarrollo urbanístico de los terrenos que actualmente ocupa la antigua cárcel de Carabanchel, que comenzará a ser derruida en octubre.

El desarrollo urbanístico de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, que abarcan una superficie de 170.000 metros cuadrados, prevé la construcción de 650 viviendas, de las que al menos el 30 por ciento serán de protección pública, así como del hospital que venían demandando los vecinos.

El acuerdo firmado hoy rebaja un 30% los derechos urbanísticos del Ministerio de Interior. Tras el derribo del penal qedará un terreno de 40.000 metros cuadrados para el futuro hospital. El Ayuntamiento cederá esta parcela a la Comunidad para que gestione la construcción del centro hospitalaria.

El acuerdo también contempla que se destinen 14.000 metros cuadrados para nuevas dotaciones del Estado. Se ubicarán equipamientos que atraerán empleo y actividad económica a la zona. Así, se prevé la construcción de la Escuela de Estudios Penitenciarios, la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, y la de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP).

En el centro de la futura zona ajardinada, se construirá un monumento en memoria a todas las personas encarceladas en el penal de Carabanchel, muchas de ellas por defender derechos y libertades democráticas.

El regidor de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado que el acuerdo recoge la reivindicación vecinal de construir un hospital para los distritos de Carabanchel y Latina, ha sido posible gracias a que Interior ha cedido parte del aprovechamiento urbanístico que le permite el vigente Plan General de Ordenación Urbana de la capital, de 1997, según el cual podrían haberse levantado allí el doble de pisos.

Sin embargo, el pacto al que han llegado Interior y Ayuntamiento, no ha satisfecho a todas las partes. Izquierda Unida y la Coordinadora Vecinal de Latina y Carabanchel rechazan que en la operación se incluya la construcción de viviendas en lugar de dedicar todo el suelo a equipamientos públicos.

De hecho, el alcalde fue recibido a su llegada al Ministerio del Interior por un grupo de vecinos que portaban una pancarta con lemas como "Rubalcaba, Gallardón, Especulación" o "No a la especulación. terrenos de la cárcel para equipamientos sociales. Hospital ¡¡ya!!".

La cárcel de Carabanchel es una cárcel española situada en Madrid. Fue edificada por el régimen franquista con el objetivo de encarcelar a sus opositores políticos. Estuvo en funcionamiento 55 años. Se encuentra situada en el distrito de Carabanchel (Madrid), entre la línea 5 del Metro de Madrid (que transcurre en superficie) y la Avenida de los Poblados.

Vista de la Cárcel de Carabanchel desde un edificio de la calle Ocaña.
Vista de la Cárcel de Carabanchel desde un edificio de la calle Ocaña.

Apenas terminada la Guerra Civil, y con la anterior cárcel de Madrid, la Modelo, prácticamente destruida por haber estado en la línea del frente, el dictador Francisco Franco decidió construir una nueva cárcel (hasta la finalización de las obras, los presos políticos del franquismo se hacinaban en la cárcel de Porlier). A tal efecto, el 16 de enero de 1940 se adquirieron unos terrenos de unos 200.000 metros cuadrados en el municipio de Carabanchel Alto (entonces un pueblo en las afueras de Madrid), pertenecientes a José Messía y Stuart, duque de Tamames y de Galisteo. El precio fue de 5,25 pesetas por metro cuadrado. En total, el Estado pagó unas 700.000 pesetas (unos 4.200 €)

Las obras empezaron el 20 de abril de 1940 y fueron llevadas a cabo por unos 1.000 presos políticos sometidos a trabajos forzados. La cárcel fue inaugurada el 22 de junio de 1944 por el ministro de Justicia, el falangista Eduardo Aunós. Según la noticia aparecida en la revista Redención, la cárcel era "un modelo en las de su clase, con capacidad para 2.000 reclusos". Poco después ingresaban los primeros ocupantes de la prisión. No obstante, las obras prosiguieron durante años, e incluso una de sus galerías no llegó a terminarse nunca. Al crecer la ciudad de Madrid (que se anexionó los municipios limítrofes, entre ellos Carabanchel Alto, en 1948) la ciudad quedó en su interior (el suburbano, posteriormente metro, pasaba a sus pies, entre las estaciones de Aluche y Carabanchel).

Vista de la Cárcel de Carabanchel desde el parque de las Cruces.
Vista de la Cárcel de Carabanchel desde el parque de las Cruces.

La cárcel tenía cuatro galerías y no siete (la tercera, la quinta, la sexta y la séptima).

Durante la dictadura, la cárcel de Carabanchel fue la última morada de muchos ajusticiados, como José María Jarabo, acusado de cuatro asesinatos, que fue ejecutado, mediante garrote vil el 4 de julio de 1959. También sufrieron el mismo método de ajusticiamento en 1963 los anarquistas Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez. En 1975, Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, miembros del FRAP condenados a muerte, pasaron aquí sus últimas horas, antes de ser ejecutados en Hoyo de Manzanares, en las que serían las últimas ejecuciones del franquismo. También estuvieron encarcelados aquí, en la sexta galería (destinada a presos políticos), numerosos opositores a la dictadura, como Marcelino Camacho, dirigente de Comisiones Obreras.

Durante los últimos años del régimen franquista y primeros de la transición, Carabanchel fue testigo de diversos motines promovidos por la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) que reclamaba amnistía, reforma del código penal, supresión de la ley de peligrosidad social y de la ley de bandidaje y terrorismo o la depuración de los funcionarios de prisiones "fascistas". Se organizó por medio de asambleas abiertas y su propuesta reivindicativa fue apoyada por una parte importante de los presos de Carabanchel y por muchos otros grupos de presos en el resto de las cárceles españolas los cuales adoptaron sus siglas, su tabla reivindicativa y tácticas como las autolesiones colectivas o la subida a los tejados de las prisiones para intentar hacerlas efectivas. Su reivindicación principal fue la de que se ampliara la amnistía de la que se estaban beneficiando en esas fechas los presos políticos a los presos comunes que para la COPEL, y ahí radicaba su principal argumento eran presos sociales, producto, igual que los políticos de una situación social y unas leyes injustas, las del franquismo. El 18 de julio de 1977, unos mil reclusos agrupados de la COPEL, tomaron los tejados de la prisión para hacer visible su lucha y reivindicaciones. Ese mismo día o en los días siguientes varios miles más de presos de más de veinte prisiones del resto del Estado actuaron de forma parecida. En 1978, el preso Agustín Rueda, miembro de la COPEL, murió a consecuencia de las palizas que recibió por parte de funcionarios de prisiones para sacarle información sobre un intento de fuga.[1]

Dejó de utilizarse en 1999. En aquella fecha, la cárcel albergaba a 2.000 hombres y 500 mujeres (las presas fueron las últimas en abandonar la cárcel). En la actualidad se encuentra abandonada. Parte del recinto ha sido destinado a comisaría de policía y centro de internamiento de inmmigrantes, pero el resto del solar (172.000 metros cuadrados) siguen ocupados por la cárcel. Los vecinos de la zona reclaman que en el solar se construya un hospital y servicios sociales para el barrio. Uno de los posibles usos que se han propuesto para el edificio es el de centro de recuperación de la memoria histórica, tal y como propuso el CSIC el 7 de mayo de 2008.[2]

 

En la madrugada de ayer 21 octubre, una pala excavadora y varios operarios procedieron al derribo de parte de dos muros exteriores de la vieja cárcel de Carabanchel, como inicio de la reconversión de la zona, que según el proyecto del Gobierno pasa por la demolición total de la antigua penitenciaría. Se iniciaban, pues, las obras, antes aún de que en el Congreso de los Diputados se debatiese una propuesta de IU en la que se proponía el mantenimiento de la cúpula central para crear un centro «por la paz y la memoria». La iniciativa fue derrotada ayer con los votos conjuntos de PP y PSOE, pero eso no ha arredrado a las asociaciones vecinales que, en torno a las seis de la tarde, se concentraron en la puerta del centro. Se quejan de que los planes de Gobierno y Ayuntamiento de Madrid son insuficientes. «Se quiere construir un hospital mínimo», contaban los representantes (sólo 44.000 metros cuadrados cuando la superficie del solar resultante sería de unos 172.000) «y dedicar el resto a 600 pisos, de los que sólo una minoría serían de protección oficial».
Especulación inmobiliaria
Consideran «escandaloso» que «se entregue la zona a la especulación inmobiliaria» y exigen que se construyan centros de mayores, bibliotecas y espacios verdes, además de respetar un «espacio simbólico» que, según comentaron algunos antiguos presos políticos presentes en el acto, sería «la memoria de España entera».
El presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Ángel Martínez Sanjuán, negó ayer que se hubiese comenzado la demolición, pero, bien visibles, los dos muros exteriores derribados lo desmentían. Las obras, así fuesen preparatorias, habían empezado.

16/06/2008 23:00 Miguel Angel Rodriguez Urosa Enlace permanente. sin tema

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